Migraciones, políticas públicas y derechos humanos en América Latina y el Caribe: Multiplicidad de prácticas en políticas públicas en tiempos inéditos y complejos

En materia de movilidad humana, América Latina y el Caribe está frente a una realidad inédita en su historia, con características cuantitativas y cualitativas sin precedentes. Los perfiles migratorios de muchos países están cambiando de forma acelerada. La movilidad está presente prácticamente en toda la región y se desarrolla hacia múltiples direcciones y en diferentes condiciones, incluido un preocupante y creciente número en una situación de alta vulnerabilidad. Todo este cuadro representa un sinnúmero de retos de diferente naturaleza para los Estados, las personas y familias migrantes y las sociedades

Las respuestas en clave de políticas, prácticas y decisiones de diferentes organismos estatales han sido hasta el momento sumamente diversas, evidenciando la complejidad del tema, los diferentes intereses y prioridades que incluso pueden convivir en un mismo Estado o mutar rápidamente por un cambio de gobierno u otros factores. Algunos de los aspectos más positivos de la región es la adopción de marcos legales y otras medidas que están claramente ancladas −más allá de la diferencia de cada caso− en las normas, principios y estándares que se derivan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sin embargo, existe también una importante cantidad y variedad de prácticas y narrativas que no están adecuadas a ese abanico de normas de obligatorio cumplimiento. Políticas sesgadas en su enfoque, que no contemplan una perspectiva de derechos humanos o lo hacen de manera acotada, que no incluyen una mirada integral e interinstitucional al tema de la movilidad humana, a pesar de ser imprescindible, y un compromiso asumido globalmente, son algunos problemas de carácter más general.

Ligado a ello, narrativas contrarias a la inmigración, que se retroalimentan recíprocamente con esas políticas más restrictivas, derivan en la vulneración de esos derechos reconocidos a todas las personas, pero también impactan negativamente en una serie de políticas públicas. Estas políticas, al contrario, deberían fortalecerse para abordar, desde una mirada de derechos que contemple a toda la comunidad receptora de estas, los retos estructurales que presentan los países de la región.

La implementación del Pacto Mundial, así como los compromisos asumidos en los diversos procesos regionales pueden representar una oportunidad para abordar los desafíos existentes, reformar las medidas regresivas y restrictivas existentes y enmarcar las políticas de movilidad humana dentro de políticas locales, nacionales y regionales dirigidas a cumplir las metas de desarrollo humano y protección de derechos para todas las personas en cada una de las sociedades de los países de la región.

Sobre el autor

Pablo Ceriani Cernadas es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctor en Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y magíster en Migraciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid.

Experto independiente del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias (2014-2017 y 2022-2025). Director de la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y Coordinador del Programa Migración y Asilo, del Instituto de Justicia y Derechos Humanos, de la misma Universidad.

Profesor de Migraciones y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho y en la Diplomatura en Migrantes y Protección de Refugiados (Universidad de Buenos Aires), la Maestría en Derechos Humanos (UNLa), Maestría en Derechos Humanos y Democratización (Universidad Nacional de San Martín), y la Maestría en Derechos Humanos de las Poblaciones Más Vulnerables (Universidad Andina Simón Bolívar).

Ha sido consultor de diversas oficinas de UNICEF, la OIM, OIT y UNFPA, en iniciativas sobre políticas migratorias y derechos humanos. Es autor de numerosas publicaciones sobre migraciones y derechos humanos, fue perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de derechos de personas en contexto de movilidad humana. Integra el  Consejo Asesor Editorial del IOM’s Migration Policy Practice (2022-2024). Anteriormente, ha coordinado (2002-05) la Clínica Jurídica de Derechos de Inmigrantes y Refugiados (UBA-CELS-CAREF) y ha sido abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (2000-07).